SECCIÓN 2.ª DE LAS FUSIONES
Con el artículo 101 comienza la regulación especial de las fusiones transfronterizas intraeuropeas.
Hasta ahora hemos estudiado, por una parte, las disposiciones generales aplicables a las modificaciones estructurales transfronterizas intraeuropeas —arts. 80 a 95— y, por otra, las reglas específicas de la transformación transfronteriza —arts. 96 a 100—.
A partir de este artículo se regulan las especialidades propias de la fusión transfronteriza, que deberán aplicarse conjuntamente con aquellas disposiciones generales y, cuando proceda, con las normas sobre fusión.
El artículo 101 comienza estableciendo las condiciones generales que deben cumplir las sociedades participantes en la fusión, teniendo en cuenta que cada una de ellas se encuentra sometida inicialmente al Derecho de su respectivo Estado miembro.
ARTÍCULO 101. CONDICIONES RELATIVAS A LAS FUSIONES
Este artículo establece determinadas condiciones generales aplicables a las fusiones transfronterizas intraeuropeas.
1. Cumplimiento de la legislación nacional de cada sociedad
Cada una de las sociedades que participa en la fusión debe cumplir las disposiciones y trámites establecidos por su propia legislación nacional.
Por ejemplo, si se fusionan una sociedad española y una francesa:
sociedad española → Derecho español
sociedad francesa → Derecho francés
Cada sociedad deberá cumplir, por tanto, los requisitos que le correspondan conforme a su respectivo ordenamiento, especialmente los relativos a la adopción del acuerdo de fusión y a la protección de los trabajadores.
Hay que destacar la precisión final del precepto: se refiere a los derechos de los trabajadores «distintos de los de participación».
Esto se debe a que la participación de los trabajadores en los órganos de administración o control de la sociedad cuenta con un régimen específico dentro de las modificaciones estructurales transfronterizas, regulado en el Título IV de la Ley 31/2006.
2. Compensación en efectivo superior al 10 %
Aquí aparece una especialidad importante respecto de la fusión interna española.
En las fusiones internas, el artículo 36.2 establece que la compensación en dinero destinada a ajustar el tipo de canje no puede exceder del 10 % del valor nominal —o, en su caso, del valor contable— de las acciones, participaciones o cuotas atribuidas.
Sin embargo, en una fusión transfronteriza puede suceder que la legislación de otro Estado miembro permita superar ese límite.
El artículo 101.2 evita que esa diferencia entre legislaciones impida realizar la operación. Por tanto:
Si la legislación de al menos uno de los Estados afectados permite una compensación en efectivo superior al 10 %, esta circunstancia no impide la fusión transfronteriza.
Este apartado responde, por tanto, a una necesidad práctica: hacer compatibles legislaciones nacionales que pueden establecer límites distintos en materia de canje.
3.º Razones de interés público.
Finalmente, las normas españolas que permitan al Gobierno imponer condiciones a una fusión por razones de interés público se aplicarán también a las fusiones transfronterizas cuando al menos una de las sociedades participantes esté sometida a la ley española.
El precepto no identifica cuáles son esas normas ni establece un nuevo régimen de intervención del Gobierno, sino que extiende a las fusiones transfronterizas los controles por razones de interés público que resulten aplicables conforme al ordenamiento español.
Por tanto, habrá que acudir en cada caso a la normativa que establezca ese control.
Un supuesto específico de intervención por razones de interés público aparece, por ejemplo, en el artículo 466 de la Ley de Sociedades de Capital, aunque referido a la participación de una sociedad española en la constitución mediante fusión de una sociedad anónima europea domiciliada en otro Estado miembro.
ARTÍCULO 102. PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN
Las sociedades que participen en una fusión transfronteriza deberán redactar un proyecto común de fusión.
No existe, por tanto, un proyecto diferente para cada sociedad, sino un único proyecto que sirve de base a toda la operación.
El problema del artículo es determinar qué debe contener ese proyecto, porque el legislador no enumera aquí sus menciones, sino que utiliza varias remisiones.
1.º Contenido exigido para las fusiones internas
En primer lugar, el artículo 102 exige las menciones previstas para las fusiones internas.
Para conocerlas hay que acudir al artículo 40, que establece las menciones específicas del proyecto común de fusión y que, a su vez, dispone que éstas se añaden a las previstas en las disposiciones comunes de los artículos 4 a 16.
Dentro de estas disposiciones comunes, el artículo 4 determina las menciones generales que debe contener todo proyecto de modificación estructural: la forma jurídica, razón social y domicilio social de las sociedades participantes y, en su caso, los mismos datos respecto de la sociedad resultante; la modificación y el calendario indicativo propuestos de realización de la operación; los derechos que se reconozcan a los socios con derechos especiales y a los titulares de otros valores; las implicaciones de la operación para los acreedores y las garantías que, en su caso, se les ofrezcan; las ventajas especiales atribuidas a los miembros de los órganos de administración, dirección, supervisión o control; la compensación en efectivo ofrecida a los socios que tengan derecho a enajenar sus acciones o participaciones; y las consecuencias probables de la operación para el empleo.
Los artículos 5 a 16 completan ese régimen común regulando otras materias relacionadas con el proyecto y con el procedimiento de la modificación estructural, como los informes del órgano de administración y del experto independiente, la publicidad preparatoria, la aprobación por la junta, la publicación del acuerdo y la protección de socios y acreedores.
A esas reglas comunes se añaden las menciones específicas de la fusión establecidas en el artículo 40: los datos registrales de las sociedades participantes; los de la sociedad resultante o, en su caso, el proyecto de escritura y estatutos de la sociedad de nueva creación; el tipo y procedimiento de canje y la eventual compensación complementaria en dinero; la incidencia sobre las aportaciones de industria y prestaciones accesorias; las fechas de participación en las ganancias y de efectos contables; la valoración del activo y pasivo transmitido; las fechas de las cuentas utilizadas para establecer las condiciones de la fusión; y la acreditación de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
2.º Contenido exigido específicamente para las modificaciones transfronterizas
A las menciones exigidas para las fusiones internas deben añadirse las previstas en las disposiciones generales del Capítulo II del Título III (artículos 84 a 95).
Ahora bien, debemos distinguir entre el contenido del proyecto y los restantes requisitos del procedimiento de fusión transfronteriza.
En cuanto al contenido del proyecto, el artículo 84 exige las mismas menciones previstas para la correspondiente modificación interna y añade, cuando proceda, la información sobre los procedimientos por los que se determinan los regímenes de participación de los trabajadores en la sociedad o sociedades resultantes.
Los artículos 85 a 95 también resultan aplicables a la fusión transfronteriza, pero regulan otros aspectos de la operación: informes del órgano de administración, protección de socios y acreedores, derechos de los trabajadores, publicidad, certificado previo, control de legalidad e inscripción.
Estas exigencias deben cumplirse durante el procedimiento, pero no constituyen nuevas menciones que deban incorporarse al proyecto.
Por tanto, el contenido del proyecto común de fusión transfronteriza resulta de la acumulación de tres grupos de menciones:
Menciones comunes del proyecto (art. 4) + menciones específicas de la fusión (art. 40) + especialidad transfronteriza (art. 84).
La regulación resulta innecesariamente compleja por el sistema de remisiones sucesivas utilizado por el legislador.
El artículo 102 remite a las fusiones internas y a las disposiciones generales de las modificaciones transfronterizas; el artículo 40 remite, a su vez, a las disposiciones comunes; y el artículo 84 vuelve a remitirse a las menciones exigidas para la correspondiente modificación interna.
En definitiva, para conocer las menciones que debe contener el proyecto hay que acudir fundamentalmente a los artículos 4, 40 y 84, sin perjuicio de cumplir las restantes exigencias legales aplicables al procedimiento de fusión transfronteriza.
ARTÍCULO 104. PROTECCIÓN DE LOS SOCIOS EN LA RELACIÓN DE CANJE
VER ARTICULOS 12, 49, 86 y 104
El artículo 104 del Real Decreto-ley 5/2023 regula la protección de los socios de las sociedades españolas que participan en una fusión transfronteriza intraeuropea cuando consideran inadecuada la relación de canje.
Para comprenderlo es necesario relacionar cuatro preceptos: el artículo 12, que contiene las reglas generales de protección de los socios; el artículo 49, que regula la impugnación de la relación de canje en las fusiones internas; el artículo 86, que establece el derecho de enajenación en las modificaciones estructurales transfronterizas intraeuropeas; y el artículo 104, que regula específicamente la impugnación del canje en estas fusiones.
La relación de canje determina cuántas acciones o participaciones de la sociedad resultante recibe el socio a cambio de las que tenía antes de la fusión.
Para comprender la protección de los socios deben distinguirse dos derechos diferentes.
1. Derecho de enajenación (artículos 12 y 86).
Corresponde a los socios de las sociedades españolas que hayan votado en contra de la fusión, así como a los titulares de acciones o participaciones sin voto, siempre que como consecuencia de la operación vayan a quedar sometidos a una legislación extranjera.
Estos socios pueden transmitir sus acciones o participaciones y recibir una compensación en efectivo.
Si consideran insuficiente la cantidad ofrecida, pueden reclamar una compensación complementaria conforme al artículo 12.4.
Por ejemplo, si un socio considera que sus participaciones valen 100.000 euros y la sociedad le ofrece 80.000 euros por ellas, puede ejercitar su derecho de enajenación y reclamar la diferencia que consiga acreditar.
En este supuesto, el socio abandona la sociedad y discute el precio que recibe por sus participaciones.
2. Impugnación de la relación de canje (artículo 104).
Corresponde a los socios de las sociedades españolas que no tengan derecho de enajenación o que, teniéndolo, no lo hayan ejercitado, cuando consideren inadecuada la relación de canje.
Pueden presentarse dos situaciones:
Primera. Socios que no tienen derecho de enajenación. Por ejemplo, los socios de una sociedad española que absorbe a una francesa y continúa sometida a la legislación española.
Aunque hayan votado en contra, no tienen derecho de enajenación porque no quedan sometidos a una legislación extranjera.
Sin embargo, pueden impugnar la relación de canje si la consideran inadecuada.
Segunda. Socios que tienen derecho de enajenación, pero no lo ejercitan.
Por ejemplo, un socio de una sociedad española que vota en contra de una fusión por la que quedará sometido a la legislación francesa, pero decide continuar como socio.
Si considera que sus antiguas participaciones valían 100.000 euros y que las acciones recibidas solo valen 80.000 euros, puede impugnar la relación de canje y reclamar la diferencia que consiga acreditar.
En ambos casos, el socio permanece en la sociedad resultante y discute la proporción del canje, no el precio de su salida.
En ambos casos el socio puede terminar recibiendo dinero. Por eso parecen lo mismo.
Pero hay una diferencia fundamental:
• Derecho de enajenación: el socio vende todas sus participaciones, cobra su valor y deja de ser socio. Si le pagan de menos, reclama la diferencia.
• Impugnación del canje: el socio recibe las acciones que le corresponden en la sociedad resultante, sigue siendo socio y reclama una compensación porque considera que ha recibido menos de lo que debía.
La sociedad resultante de la fusión es quien debe pagar la diferencia o, conforme al artículo 49, puede entregar acciones o participaciones propias en lugar de dinero en caso de impugnación.
3. Remisión al artículo 49: procedimiento y efectos.
El artículo 104.2 dispone que la impugnación se ejercitará conforme al procedimiento y con los efectos previstos para las fusiones internas, regulados en el artículo 49.
Esta remisión plantea una dificultad interpretativa: el artículo 49 exige que el socio no haya votado a favor de la fusión o carezca de derecho de voto, mientras que el artículo 104 no establece expresamente esa limitación.
Cabe sostener que, al remitirse el artículo 104 únicamente al procedimiento y a los efectos del artículo 49, no incorpora sus restricciones sobre el sentido del voto.
Conforme a esta interpretación, también podría impugnar el canje el socio que hubiera votado a favor de la fusión.
Se trata, no obstante, de una cuestión interpretativa que no debe presentarse como definitivamente resuelta.
La reclamación se formula ante el Juzgado de lo Mercantil competente o el tribunal arbitral estatutariamente previsto, dentro del plazo de dos meses desde la publicación del acuerdo de fusión.
Aunque el artículo 104 permite reclamar un pago en efectivo, el artículo 49 admite que la sociedad resultante entregue acciones o participaciones propias en lugar de ese pago.
Esta posibilidad corresponde a la impugnación del canje, no al derecho de enajenación, que exige una compensación en efectivo.
Finalmente, la impugnación no paraliza la fusión ni impide su inscripción en el Registro Mercantil.
En definitiva, la diferencia esencial es que el socio que ejercita el derecho de enajenación sale de la sociedad y reclama un precio adecuado por sus participaciones; el que impugna la relación de canje permanece en ella y reclama que se corrija económicamente un intercambio que considera inadecuado.
ARTÍCULO 105. PLURALIDAD DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS PARTICIPANTES
El artículo 105 regula qué Registrador Mercantil debe controlar la legalidad del procedimiento de fusión cuando intervienen varias sociedades españolas en una fusión transfronteriza intraeuropea.
Se aplica cuando la sociedad resultante de la fusión es española y también lo es alguna de las sociedades que se extinguen.
En este supuesto, el control de legalidad del procedimiento de fusión correspondiente a la sociedad española que se extingue corresponde al Registrador Mercantil del domicilio de la sociedad resultante.
Para ello, basta con que en el título presentado al Registro conste, debidamente acreditada por el Registrador Mercantil del domicilio de la sociedad que se extingue, la inexistencia de obstáculos registrales para realizar la fusión.
Por ejemplo, una sociedad española domiciliada en Madrid absorbe a una sociedad española domiciliada en Murcia y a otra sociedad francesa.
La sociedad de Madrid será la resultante de la fusión, mientras que las sociedades de Murcia y Francia se extinguirán.
En relación con la sociedad de Murcia, el Registrador Mercantil de Madrid controlará la legalidad del procedimiento de fusión, siendo suficiente que el Registrador Mercantil de Murcia acredite que no existen obstáculos registrales para la operación.
En definitiva, cuando la sociedad resultante y alguna de las sociedades extinguidas sean españolas, el control de legalidad del procedimiento correspondiente a estas últimas se centraliza en el Registrador Mercantil del domicilio de la sociedad resultante, previa acreditación de la inexistencia de obstáculos registrales por los Registradores de las sociedades que se extinguen.
ARTÍCULO 106. FECHA Y EFECTOS DE LA FUSIÓN
El artículo 106 regula el momento en que produce efectos la fusión transfronteriza intraeuropea y sus consecuencias jurídicas, así como los trámites necesarios para que la transmisión de determinados bienes y derechos sea oponible a terceros.
1. Fecha de eficacia de la fusión.
La fecha en que la fusión produce efectos depende de la legislación aplicable a la sociedad resultante:
• Si la sociedad resultante es española, la fusión produce efectos desde su inscripción en el Registro Mercantil.
• Si la sociedad resultante es extranjera, la fecha de eficacia se determina conforme a la legislación del Estado al que pertenezca dicha sociedad.
Por ejemplo, si una sociedad española absorbe a una francesa, la fusión será eficaz desde su inscripción en el Registro Mercantil español.
Si, por el contrario, la sociedad francesa absorbe a la española, se aplicará la legislación francesa para determinar cuándo produce efectos.
2. Efectos jurídicos de la fusión.
La fusión produce tres consecuencias fundamentales:
a) Transmisión universal del patrimonio. La sociedad resultante adquiere la totalidad del patrimonio de las sociedades que se extinguen, incluidos sus bienes, contratos, créditos, derechos y obligaciones.
Esta transmisión se produce por sucesión universal, sin necesidad de transmitir individualmente cada elemento patrimonial.
b) Incorporación de los socios a la sociedad resultante. Los socios de las sociedades extinguidas pasan a ser socios de la sociedad resultante, recibiendo las acciones o participaciones que les correspondan conforme a la relación de canje.
Se exceptúan los socios que hayan ejercitado el derecho de enajenación, puesto que reciben la correspondiente compensación y dejan de ser socios.
c) Extinción de las sociedades participantes que desaparecen. Las sociedades absorbidas o fusionadas se extinguen como consecuencia de la fusión, sin necesidad de proceder a su liquidación.
3. Oponibilidad frente a terceros.
Aunque la fusión produce la transmisión universal del patrimonio, pueden existir bienes, derechos u obligaciones cuya transmisión exija trámites especiales para ser oponible a terceros, conforme a la legislación de los Estados miembros afectados.
En estos casos, corresponde a la sociedad resultante cumplir dichos trámites.
Por ejemplo, si la legislación de un Estado exige determinadas formalidades registrales para que la transmisión de un bien sea oponible a terceros, la sociedad resultante deberá realizarlas, aunque el bien ya se haya transmitido como consecuencia de la fusión.
En definitiva, el artículo 106 establece que la fusión produce efectos desde su inscripción registral cuando la sociedad resultante es española, o desde el momento previsto por la legislación extranjera cuando no lo es.
Sus efectos esenciales son la transmisión universal del patrimonio, la incorporación de los socios a la sociedad resultante y la extinción de las sociedades fusionadas, sin perjuicio de los trámites especiales exigidos para la oponibilidad frente a terceros.



